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Páginas: 89-102
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https://doi.org/10.29019/tsafiqui.v12i18.1042
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Nº 18, 2022
En momentos de crisis, las autoridades deben actuar de inmediato y trabajar de modo ininterrumpido. No se
puede olvidar que son circunstancias especialmente difíciles que obligan a salir de la zona de confort, "la previ-
sión de la crisis como tal, tiene una serie de características endógenas que obligan a reaccionar con celeridad ante
lo imprevisto, pero, además, normalmente va acompañada de una dimensión pública que, en la mayoría de los
casos, se convierte en mediática (…)” (Islas y Hernández, 2013). La institucionalidad central y local debe estar
preparada, para esto es clave contar con sistemas de alerta temprana frente a los peligros que pueden ocasionar los
fenómenos naturales, hacer monitoreo constante y generar planes de prevención. Pero ello estará incompleto si
no se lo transversaliza hacia los habitantes para convivir con el riesgo, crear procesos de corresponsabilidad entre
las autoridades y la ciudadanía teniendo claro que es su deber es generar y liderar las pautas de edu-comunicación.
No se puede dejar de lado que —en una crisis como la que puede ocasionar un fenómeno natural elevado a
desastre o catástrofe por factores como la imprevisión, entre otros muchos— no todas las personas de una misma
ciudad o región viven la situación de la misma forma. Por lo cual, la preparación del mensaje con el que deba
llegar la autoridad tiene que ser pensado hacía los diferentes públicos, de manera que todos puedan entenderlo
y asumirlo. Se debe hacer énfasis en aquellos que, por sus propias condiciones, se encuentran en mayor estado
de vulnerabilidad ante la situación. Asimismo, los necesarios planes de prevención deben ser integrales. Esto no
puede ser si se permite el crecimiento descontrolado de la ciudad en sitios no aptos y si no se involucra a los habi-
tantes en los procesos de socialización y solución, ya que si no se lo hace las consecuencias traducidas en pérdidas
de vidas, de bienes y de infraestructuras son mayores.
La comunicación es la mejor aliada para involucrar a la población de una ciudad, región o país en la genera-
ción de convivencia ciudadana para el logro de objetivos de interés común que benecien a los miembros de la
sociedad. De allí la importancia de que, desde la autoridad, se prioricen los procesos de comunicación estratégica
al servicio de la gente.
La comunicación gubernamental, desde lo local hasta lo nacional, no puede reducirse a contar una noticia o
dar una información de modo vertical. Ese esquema de emisor-mensaje-receptor quedó en el pasado, hoy es fun-
damental que los ciudadanos estén involucrados en los procesos comunicativos como partícipes de lo que sucede
a su alrededor y que se los involucren directamente. Del mismo modo, desde su condición de mandantes pueden
interpelar a los mandatarios sobre sus decisiones, acciones y omisiones que los afectan de modo positivo o ne-
gativo. Es clave conocer de qué manera y bajo qué estrategias las autoridades están trabajando sobre las distintas
temáticas, sobre todo aquellas que implican mayor grado de complejidad. Recordemos que uito es un territorio
con gran cantidad de riesgos de origen natural, en medio del cinturón de fuego del Pacíco, los ciudadanos se
asientan sobre fallas geológicas. Este territorio es proclive a sufrir deslaves, inundaciones o incendios, desastres en
los que siempre habrá un alto número de víctimas, sobre todo aquellas que tienen menor acceso a la educación,
salud, servicios básicos, vivienda digna, seguridad o información.
En esas circunstancias deberá ser la autoridad quien marque las pautas comunicativas, pero con el necesario
involucramiento de la sociedad en su conjunto mediante la preparación articulada de la población. Es imperativo
que se tomen en cuenta sus criterios, experiencias, necesidades y saberes. Pues, si no es así, la ciudadanía al no sen-
tirse partícipe de estas decisiones las puede tomar como una imposición y se pierde la posibilidad de enriquecer esta
construcción de sentido desde lo colectivo, con lo cual su sensación de pertenencia disminuye ostensiblemente.
Cuando se trata con personas en condición de vulnerabilidad por distintos motivos, sea por causas de origen
natural o antrópico, la comunicación es la estrategia más efectiva para lograr espacios de diálogo y convivencia que
ayuden a dar paso a soluciones reales. No obstante, no puede haber comunicación efectiva si no se da la importancia
a los consensos con base en los aportes de la población. Cuando el diálogo se torna en una suerte de imposición, se
corre el grave riesgo de llegar a posiciones irreconciliables que solo pueden ser superadas mediante estrategias de
participación y vigilancia por parte de las fuerzas vivas y la integración de representantes de la sociedad, en la que los
ciudadanos sean actores y no solo entes pasivos a los que se les niega la posibilidad de ser escuchados.
Es impensable creer que los aportes de la población no son necesarios. Desde las esferas gubernamentales
nacionales y locales es mucho lo que se puede aprender de las experiencias y saberes de la gente. Por ello, es fun-
damental la participación conjunta entre mandantes y mandatarios en la que cada uno, y desde su propio rol,
alimente la comunicación y la participación para transitar hacia una verdadera estrategia de convivencia que per-
mita gestionar mejor los riesgos a los que están expuestos. Así, sería posible superar las crisis causando el menor
daño posible gracias a la preparación previa y a la retroalimentación que se logre en estos procesos.