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Tema Central

Femicidio y violencia de género en Ecuador: hallazgos claves y tendencias emergentes

Femicide and gender violence in Ecuador: key findings and emerging trends

Pablo Alexander Molina Panchi . Universidad Antonio de Nebrija, España.

Anita Maribel Ramírez Blacio . Universidad Técnica de Machala

Diego Fabián Molina Panchi . Universidad Técnica de Ambato, Ecuador

Jimena Alexandra Campaña Chaglla

Ana Lucia Ponce . Instituto de Altos Estudios Nacionales

Introducción

En Ecuador, el femicidio surge como una figura legal desde la tipificación del Código Orgánico Integral Penal (COIP), y su vigencia rige a partir del 10 de agosto de 2014 (Asamblea Nacional, 2014). La violencia de género es un problema que se encuentra inmerso dentro de la sociedad y afecta a los grupos más vulnerables, como mujeres, adolescentes y niñas (Águila et al., 2016).

Por otro lado, su evolución se da desde la década de los 70, cuando se conoce la terminología de la violencia contra la mujer. Sumado a ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS), emite ciertas directrices para la legislación de los países de América Latina y el Caribe, en donde se hace referencia a Colombia y Ecuador. En lo posterior, este concepto se vincula con diversos campos del conocimiento, en los ámbitos económico, político, de salud, jurídico, administrativo y otros, debido a que todavía prevalece una brecha de desigualdad entre mujeres y hombres (Jaramillo y Canaval, 2020).

De igual manera, durante las últimas décadas, los casos de femicidio en América Latina han aumentado en forma notable, lo que ha llevado a varios países a reconocer y catalogar este crimen específico. Aunque inicialmente las tasas de femicidio disminuyeron, la tendencia se revirtió (Saccomano, 2017). Otro rasgo del femicidio en América Latina afecta en especial a mujeres pobres y racializadas, lo cual refleja una lógica sexista y racista en la valoración de la vida. Del mismo modo, se destaca cómo el sistema patriarcal contribuye a los altos índices de femicidio, al considerar ciertos cuerpos como explotables y desechables. En realidad, esto refleja la marginalización de un sector de la población, principalmente visto como fuerza laboral o mercancía sexual, en donde la raza y el género son determinantes en esta dinámica violenta (Gayón, 2015).

Ligado a ello, es fundamental aplicar el protocolo del Modelo Latinoamericano para la Investigación de Asesinatos de Mujeres, debido a que aborda tanto las causas estructurales como los estándares internacionales de debida diligencia, y enfatiza la importancia de incorporar un análisis integral de género en las investigaciones criminales. Al mismo tiempo, tal protocolo no solo busca mejorar las respuestas institucionales al femicidio en América Latina, sino también promover una mayor coherencia con los principios de Derechos Humanos a nivel internacional (ONU Mujeres, 2014).

En este sentido, las personas de todas las nacionalidades tienden a percibir la violencia en las relaciones de pareja, según lo que consideran características masculinas y femeninas típicas; por ejemplo, se asocia la dureza con los hombres y la ternura con las mujeres. El contexto cultural y social influye en cómo se interpreta este tipo de violencia, enfocada principalmente en el maltrato de hombres hacia mujeres en parejas heterosexuales, pero que ignora otras formas de violencia (Cantera y Blanch, 2010).

Además, es necesario mencionar que, en el caso de España la violencia doméstica contra las mujeres sigue siendo un problema significativo que está arraigado en roles y expectativas de género rígidos. En donde, tanto hombres como mujeres se adhieren a estereotipos tradicionales, valorando características femeninas convencionales. En este contexto, las madres al criar a sus hijos refuerzan estos roles, y tanto hombres como mujeres prefieren parejas que se ajusten a estas expectativas. Sin embargo, esta situación contribuye a la percepción de las mujeres maltratadas como personas pasivas, mientras que la agresividad y la violencia doméstica se relacionan con características masculinas, perpetuando este ciclo. Asimismo, es esencial destacar la valentía como un elemento crucial para que las mujeres puedan liberarse de relaciones violentas, y enfatizar la importancia de tomar medidas activas frente a estas circunstancias (Delgado et al., 2012).

Esta forma de violencia se incrementó de manera generalizada, según lo documenta Lorente (2020), quien identifica que, en la India, la Comisión Nacional de la Mujer (NCW) recibió 13 410 denuncias por delitos contra la mujer, de entre los cuales, 4350 fueron casos asociados a violencia intrafamiliar. Además, en España hubo un incremento de 37 % en el número de llamadas al 016 (línea de ayuda para la violencia de género), durante el encierro por el Covid-19. De igual manera, estudios como el de Mittal y Singh (2020) y Dlamini (2021), encontraron incrementos en las denuncias de violencia hacia la mujer, en varias partes del mundo. La dinámica del fenómeno muestra la gravedad del problema y la tendencia descrita pudo haber dejado remanentes violentos en la sociedad y en las familias propensas a padecer este tipo de violencias.

Cabe mencionar que la violencia se encuentra ligada a un sistema de dominación social, cultural y económica, que presenta raíces históricas de subordinación y exclusión. Por otro lado, el término género ha sido utilizado por diversos movimientos feministas, que surgen a partir de los años 60, como un concepto biológico que permite diferenciar a las mujeres y a los hombres, de acuerdo a factores biológicos y a estereotipos masculinos o femeninos (Poggi, 2019).

A pesar de ciertos avances, como el aumento de la participación femenina en la industria audiovisual, que ha aumentado en diversos roles, las mujeres aún enfrentan obstáculos para acceder a puestos de liderazgo y toma de decisiones. Es evidente que esta limitación no solo restringe su capacidad para dirigir y producir proyectos, sino que también reduce la contratación de mujeres en los equipos de trabajo. Además, la predominancia de la perspectiva masculina en la creación de historias y la representación de personajes femeninos perpetúa los estereotipos de género en lugar de desafiarlos (Torres et al., 2021).

Al mismo tiempo, es importante destacar que los roles de género y los estereotipos asociados han evolucionado, como consecuencia de los cambios en las funciones sociales. Aunque esto representa un avance hacia la igualdad de género, persisten los estereotipos tradicionales vinculados a cada género, especialmente aquellos que se atribuyen de manera diferenciada a hombres y mujeres, lo cual fomenta la discriminación (Castillo y Montes, 2014).

En este sentido, la lucha contra la violencia ejercida hacia las mujeres, niñas y adolescentes ha atravesado una serie de sucesos y ha tomado tal fuerza, que se está ampliando el nivel de esfuerzo por parte del Estado y las organizaciones de la sociedad civil, para prevenirla y erradicarla. Sin embargo, la problemática empeora en la sociedad, debido a factores como la pornografía y la prostitución, que se han convertido en un punto focal de la violencia de género (Cobo, 2019). Dentro de este estudio, se detalla el número de casos registrados, como investigación preprocesal de violencia física, psicológica y sexual (Calvo y Camacho, 2014). Por otra parte, el objetivo de este artículo de investigación es diagnosticar el comportamiento histórico de los casos de femicidio y su relación con las denuncias presentadas por violencia de género.

Por las consideraciones anteriores, las hipótesis planteadas en la investigación son: H1: La mayor parte de denuncias presentadas por violencia de género inciden de forma positiva en la mitigación de los casos de femicidio del Ecuador; y, H0: La mayor parte de denuncias presentadas por violencia de género no inciden de forma positiva en la mitigación de los casos de femicidio del Ecuador.

Frente a ello, la violencia contra de las mujeres vulnera los derechos humanos y la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres (Organización de los Estados Americanos, 2023). Sin embargo, se ha constituido un problema social, que debe ser atendido a nivel mundial, a través de todos los sujetos, Estado y organismos internacionales (Ramírez, 2020). En la línea de lo señalado, se destaca que el mayor porcentaje de violencia se direcciona contra el género femenino (De la Fuente y Heinze, 2018). También, este fenómeno en estudio debe ser tratado como un problema estructural y educacional (Monteros, 2022).

La situación actual de violencia de género debe centrarse en la concienciación y en la protección de las víctimas, para que puedan salir de ello y frenar así este mal que aqueja a la sociedad. Desde esta consideración, la sociedad enfrenta una serie de hechos y fenómenos que desencadenan la agresividad humana, por lo que se debe intervenir eficazmente, canalizando esfuerzos para lograr una vida digna y con respeto a los Derechos Humanos (Izcurdia y Puhl, 2017), mediante acciones concretas de sensibilización, concienciación y difusión de información (Tlalolin, 2017). En este contexto, vale tomar en cuenta que la violencia de género, en tiempos de confinamiento de la pandemia Covid-19, se potenció en contra de las mujeres (Lorente, 2020). De ahí que la violencia se caracterice por ser un fenómeno basado en una sociedad patriarcal, en la cual la figura masculina ejerce control sobre la mujer, lo que desencadena varios episodios de violencia que no distinguen estratos sociales (Zafra, 2022).

La violencia de género es habitual en una sociedad patriarcal, en donde no existe igualdad de género; es decir, se encuentra liderada por hombres, en cuya base se modelan valores de desigualdad (Martínez L., 2007). Como consecuencia de ello, la Organización Mundial de Salud (OMS), alertó, en el año 2012, que “la violencia contra las mujeres y niñas constituye un problema de proporciones pandémicas” (Águila et al., 2016). Para afrontarlo, es fundamental iniciar un proceso de reconocimiento del daño y reparación de las víctimas desde el accionar público y la sociedad. Por tanto, es fundamental formar a la población con principios y valores morales, que aseguren y garanticen el respeto de los derechos humanos de las mujeres que son víctimas de violencia (Hermosa, 2018).

En este sentido, el marco legal juega un papel crucial para abordar el problema. Entre estos instrumentos legales se encuentra el Código Orgánico Integral Penal aprobado por la Asamblea Nacional (2014), en donde se señala en el artículo 141 que el femicidio es: “La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer, por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años”, (p. 54).

Como se evidencia, este tipo de problemas se han manifestado históricamente. Desde este punto de vista, se aprecia las divergencias y desigualdades entre hombres y mujeres; por un lado, la discriminación de la mujer; por otro, la interposición de obstáculos que impiden su crecimiento y desarrollo humano y profesional (Paredes et al., 2016).

Desde un análisis crítico del discurso feminista (ACDF), se puede identificar discusiones alrededor de leyes y políticas contra el femicidio o denuncias sobre revictimización y movilización social, como formas de resistencia, principalmente de familiares de víctimas y movimientos sociales, lo cual influye de manera significativa en el discurso institucional y en los medios tradicionales, incluidas las redes sociales. Este enfoque amplía las perspectivas, al incorporar discursos de resistencia cruciales para desafiar el patriarcado y promover el cambio social, e invitan a reflexionar sobre otros ejemplos, sobre cómo apoyarlos y sobre el papel de los medios de comunicación en la promoción de la justicia de género (Aldrete, 2022).

A partir de ello, el género no debe entenderse como una identidad fija e inmutable, sino como algo construido y reiterado, a través de comportamientos estilizados y repetitivos. Esta perspectiva desafía la idea de una identidad de género estable y abre posibilidades de transformación, que rompan o dejen de repetir los mismos patrones, de manera subversiva (Buthler, 1998).

El reflexionar sobre lo expuesto, conduce a cuestionar, precisamente, esa idea de género como algo estable, para asumirlo como un fenómeno dinámico, regulado por normas sociales. Si entendemos que el género se construye y reproduce a través de actos corporales y discursivos, abrimos la posibilidad de transformar las identidades de género, subvirtiendo estos patrones. Esta visión crítica hace frente a las identidades binarias y permite reconsiderar las luchas políticas contra los mandatos de género opresivos y las identidades no normativas, lo cual ofrece nuevas oportunidades para la emancipación y la inclusión.

En la misma línea, en la teoría feminista contemporánea, el concepto de género se ha simplificado, al reducirlo a una percepción individual de identidad, con lo cual pierde su potencial crítico para analizar las relaciones de poder. Al enfocarse únicamente en una categoría binaria de hombre y mujer, se limita la capacidad de comprender y abordar la complejidad de las desigualdades de género. Para superar estas limitaciones, se propone reconsiderar el feminismo como una lucha colectiva contra la desigualdad de género, más allá de las autodefiniciones personales (García y Flores, 2021).

Dada la observación anterior, la convergencia entre Economía Política de la Comunicación y teoría feminista ‒dos áreas que tradicionalmente han estado separadas‒, debe incorporarse a los aportes más recientes de la teoría feminista. Esto permitirá mejorar el análisis sobre las dinámicas de género, poder y comunicación, que busca obtener una comprensión más profunda y holística de las relaciones entre género y comunicación, desde una perspectiva crítica y materialista (Martínez y Martínez, 2020).

Además, es fundamental realizar un análisis crítico de las desigualdades y otros fenómenos sociales, desde una perspectiva política comprometida, lo que fomentará el diálogo y la articulación entre las teorías feministas, incorporando una mirada crítica sobre las relaciones de poder y las desigualdades de género (García y Flores, 2021).

De la misma forma, la violencia puede desencadenar más violencia, lo cual afecta especialmente a los grupos sociales históricamente excluidos. Tal situación de agresividad conlleva otros tipos de agresión, como: violencia psicológica-verbal, llegando inclusive al femicidio (Islas, 2021). En el país, la tasa de femicidios por cada 100 000 mujeres es un indicador de impacto social dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND), de Ecuador, que utiliza una metodología de cálculo internacional, que se expresa en la ecuación 1.

(1)

Donde:

Se mide aquí la relación entre las víctimas de femicidio por cada 100 000 mujeres, con respecto al total de la población de mujeres (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2023), acorde a lo que establece la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que define a la violencia de género como un daño sexual, físico y psicológico para la mujer, tanto en el ámbito público como privado (OPS, 2022). Al referirnos a la violencia de género, según el Código Orgánico Integral Penal-COIP, esta se encuentra dividida en: violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, violencia psicológica, física y sexual.

En primer lugar, la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, abarca cualquier forma de violencia fundamentada en el género, que ocasione o pueda ocasionar daño físico, sexual o psicológico a las mujeres. En segundo lugar, la violencia psicológica se caracteriza por ser poco observable y comprobable, lo cual deja secuelas que se ven reflejadas en las relaciones de poder, a la vez que estas categorizan al sexo femenino como inferior. Por lo general, estas situaciones de conflicto se dan dentro del ámbito familiar (Pérez y Hernández, 2009). En tercer lugar se encuentra la violencia física, que ocurre cuando se ocasiona un daño intencional corporal hacia una persona, lo que ocurre a través del sometimiento de la víctima, con el propósito de producir un daño que inclusive puede llegar a la muerte de la persona (Cava et al., 2015) En cuarto lugar está la violencia sexual, que se da sin consentimiento y puede involucrar fuerza física o amenazas, mediante lo cual una mujer es obligada a una actividad sexual sin dar su consentimiento (Gutiérrez, 2021).

Algunos países de Latinoamérica y el Caribe presentan cifras alarmantes de violencia de género, dentro de las cuales se destacan las siguientes condiciones: culturales, sociales y hasta políticas, en donde se enfoca la supremacía de género. Acorde a un estudio efectuado en el país, 6 de cada 10 mujeres son víctimas de algún tipo de la violencia, siendo fundamental tomar acciones que permitan minimizar y eliminar este problema social (Barredo, 2017).

Vale mencionar que los estereotipos desempeñan un papel importante en la socialización y la formación de la identidad social, especialmente en lo que respecta al género. Los estereotipos de género, que aún prevalecen en la sociedad actual, han dado lugar a una división binaria de los géneros, que influye significativamente en nuestra vida cotidiana. Esta división conlleva prejuicios dañinos, como considerar a las mujeres delicadas y frágiles, lo cual les niega oportunidades (González, 1999).

En la misma línea, un estudio sobre Fotolog reveló que las imágenes compartidas reflejan la identidad de los usuarios, especialmente en términos de género y sexualidad, mostrando patrones exagerados de feminidad y sexualización similares a la publicidad. Se sugiere que la educación sobre medios debe considerar cómo las actividades en redes sociales están influenciadas por otros medios consumidos por los adolescentes (Tortajada et al., 2013).

Metodología

El estudio presenta un enfoque de investigación cuantitativo, centrado en el estudio de variables numéricas y el uso de pruebas estadísticas como: Kolmogórov-Smirnov, Correlación de Tau-b de Kendall y modelos matemáticos Arima de metodología Jenkins-Box, utilizadas con el propósito de evidenciar el patrón de comportamiento del fenómeno (Molina et al., 2022). En la investigación se analizó y recolectó información de fuentes secundarias y primarias de algunas instituciones públicas como: Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos (MMDH), Fiscalía General del Estado (FGE) y Consejo de la Judicatura (CJ) (Muñoz, 2018).

El tipo de investigación es explicativa-correlacional, pues busca concebir explicaciones del problema y por ende comprobar la relación entre la variable dependiente ‒femicidio‒ y las variables independientes o explicativas, que son dadas por las denuncias de violencia de género, que se describen a continuación: X1 violencia física, X2 violencia psicológica y X3 violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar (Ducoing, 2019).

El estudio tiene un diseño de investigación de tipo no experimental-longitudinal, debido a que analiza el comportamiento de 9 años de la serie de datos de femicidios comprendidos desde el año 2014 al 2022 (Aquino y Barrón, 2020). Asimismo, este artículo se caracteriza porque los investigadores no manipulan las variables y se limitan a observar el fenómeno como tal. En efecto, en esta investigación se utiliza el método histórico y lógico, con la finalidad de investigar los acontecimientos pasados y sacar conclusiones que ayuden a entender esta problemática (Hernández et al., 2014).

Análisis y resultados

En la investigación se utilizó la información disponible en las bases de datos del Consejo de la Judicatura, sobre los casos tipificados como feminicidios, presentados desde 2014. Asimismo, se analizaron las series históricas de este indicador, con el objetivo de estudiar su comportamiento y realizar proyecciones futuras, permitiendo concebir posibles explicaciones para mitigar este fenómeno. A continuación, la figura 1 presenta un análisis de las estadísticas descriptivas de los casos de feminicidio en Ecuador, con una periodicidad mensual.

Figura 1. Estadísticas descriptivas de femicidios en el Ecuador (2014-2022)

Fuente: Elaboración propia a partir de la información estadística del Consejo de la Judicatura (2023).

La figura 1 muestra la distribución de la probabilidad de femicidio en función del número de víctimas. En el eje X se representa los valores del número de víctimas, que van desde 0 hasta 15. En el eje Y se muestra la probabilidad de que ocurra un femicidio con un número específico de víctimas.

Según el análisis descriptivo, aplicado a la serie temporal de los casos de feminicidio, se espera una media y mediana de 6 casos por mes. Se observa un máximo de 15 casos en noviembre de 2021 y ningún caso en abril de 2016, lo que indica que estos meses son atípicos en comparación con otros períodos. Asimismo, la desviación estándar es de 2.56 e indica que los casos tienden a estar moderadamente cerca de la media. Por otra parte, la varianza es de 6.55, muestra una dispersión poco significativa en relación con la media, lo cual permite hacer proyecciones futuras (Molina et al., 2023).

En este estudio se aplica la prueba de normalidad Kolmogórov-Smirnov, a la variable femicidios, con un total de 101 observaciones, en donde el resultado muestra un nivel de significancia de 0.00, lo que indica que los datos no presentan una distribución normal, y posteriormente se aplican pruebas de estadística no paramétrica.

Por las consideraciones anteriores, la tendencia de la serie de datos del fenómeno en estudio sigue un proceso estocástico y posee características de estacionalidad, puesto que el mayor número de casos, durante los años analizados, se concentra en los meses de febrero, mayo, noviembre y diciembre. Como puede observarse, estos meses coinciden con algunas fechas especiales como: San Valentín, Día de la Madre y Navidad. Esto se confirma, al evidenciar que la mayor cantidad de femicidios ocurrió en los meses mencionados. Desde 2014 hasta 2022 se registraron un total de casos por mes: 52 en febrero, 62 en mayo, 55 en noviembre y 60 en diciembre.

Según los datos presentados en el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, durante el año 2021 los países que registran un mayor número de casos de femicidio son: Brasil con 1900 casos y una tasa de 1.7 por cada 100 000 mujeres. Seguido de esto está México con 1015 casos, con una tasa femicidios, por cada 100 000 mujeres, de 1.6. En tercer lugar, está Argentina con 231 casos y una tasa de 1 por cada 100 000 mujeres. Además, se destaca que los países de Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, Costa Rica y Chile presentaron una tasa de femicidios menor a 1 (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2023). Si la representatividad que tiene la tasa de femicidios en el Ecuador se analiza en términos relativos, esta no es muy representativa en la región; sin embargo, la tendencia del fenómeno a nivel interno puede dilucidar una dinámica relativamente preocupante. En la figura 2 se analiza el histórico de víctimas de femicidios y la tasa de femicidios por cada 100 000 mujeres, con el propósito de evaluar su comportamiento y evolución desde el año 2014 hasta el año 2022.

Figura 2. Número de víctimas de femicidios y tasa de femicidios por cada 100 000 mujeres (años 2014-2022)

Fuente: Elaboración propia a partir de la información estadística del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos (MMDH) y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) (2023).

Según la figura 2, el eje X del gráfico de líneas, representa los años, específicamente desde 2014 hasta 2022. Por su parte, el eje Y del gráfico de líneas muestra dos variables: el número total de femicidios, indicado en la escala de la izquierda y la tasa de femicidios por cada 100 000 mujeres, indicada en la escala de la derecha. La primera variable refleja la cantidad total de femicidios ocurridos en cada año, mientras que la segunda variable muestra el número de femicidios por cada 100 000 mujeres, anualmente.

Asimismo, el número de víctimas de femicidios y la tasa de prevalencia de esta tipología de crímenes experimentaron un incremento del 2.23 % y de un 0.81 % con relación al promedio anual, respectivamente, lo que permite identificar una intensificación de este tipo de crímenes en la sociedad ecuatoriana. Este proceso expansivo de los femicidios por cada 100 000 habitantes podría responder a la escalada de violencia que está experimentando el país en términos generales, lo cual también se refleja en la evolución de la muerte de mujeres. En la misma línea, cabe destacar que durante el año 2023 se registraron 108 casos de femicidio, con una tasa de 1.17 por cada 100 000 mujeres, lo que evidencia que el fenómeno sigue en aumento (Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos).

Según sostienen Tornimbeni, Peralta y Gelves (2020), los femicidios son un fenómeno estructural arraigado en esquemas psicológicos, con cierto componente patológico. Sin embargo, este problema dista mucho de ser un fenómeno aislado o individual. En este contexto, surge la interrogante de hasta qué punto debe estar afectado el sistema social de un país, para que se manifiesten de manera generalizada problemas psicológicos e incluso psiquiátricos en la población.

El problema de la violencia contra la mujer o cualquier forma de violencia de género tiene graves implicaciones estructurales, por lo cual debe abordarse como un problema de tales características (Pérez del Campo, 1995, San y Codina, 2019). Es por ello que implica poner énfasis en la trayectoria que ha desempeñado el fenómeno a lo largo del tiempo, desde su tipificación. Además, como se observa en el caso del Ecuador, se esperaría que en un futuro la recurrencia de los femicidios continúe en aumento. (San y Codina, 2019) (Pérez del campo, 1995)

El año 2017 agrupa el mayor número de casos de femicidios y representa el 16.69 % de casos con relación al total. En este mismo orden, el año 2022 fue el segundo año más violento contra las mujeres, que representa el 13.52 % sobre el total, y el año menos violento es 2015 con el 9.35 %, debido a que es un período fiscal completo, a excepción del año 2014 que cuenta con apenas 5 meses. Habría que decir también, que desde el año 2014 hasta 2022 se han registrado 599 víctimas de femicidio.

La tasa de femicidios por cada 100 000 mujeres más representativa es la del año 2017 con 1.18, seguido del año 2020 con 0.89 y en tercer lugar está al año 2020 con 0.83. Además, se ha encontrado que el mayor número de casos de femicidios ocurre en mujeres cuya edad está comprendida entre 14 a 44 años. lo que simboliza el 84.81 % de la totalidad de frecuencias, distribuidas según el rango etario de las víctimas. Además, se evidencia una incidencia poco significativa del 1.00 % en mujeres mayores de 65 años, mientras que las mujeres menores de 15 años representan el 2.84 %. Por otro lado, se debe precisar que en el 82.47 % de casos de femicidios, el victimario tenía una relación de conviviente, pareja, cónyuge, exconviviente, excónyuge y expareja, es decir, tenía una relación directa con la víctima.

Otro rasgo de este fenómeno en cuanto a su autoidentificación étnica refleja que el 85.31 % de casos de femicidio ocurrieron en mujeres mestizas. En este orden, se observa que el 96.66 % de casos ocurrieron a mujeres de nacionalidad ecuatoriana y la diferencia del 3.34 % de casos pertenecían a mujeres procedentes de países como: China, Colombia, Cuba, El Salvador, Nicaragua, Perú y Venezuela. Ante la situación planteada, se evidencia que algunas de las víctimas de femicidios tenían antecedentes de violencia de género de tipo intrafamiliar y sexual. Asimismo, la violencia familiar continúa siendo un problema social que afecta en mayor medida al género femenino. Por otra parte, este problema se evidencia en diversas esferas sociales, lo cual pone en riesgo a los grupos más vulnerables, llegando a afectar su integridad física, mental y hasta su propia vida (Tibaná et al., 2020).

Por otro lado, se debe enfatizar que algunos de los agresores registraron algunas psicopatologías o trastornos mentales. En ese sentido, se señala que la mayor parte de muertes violentas, tipificadas con el delito de femicidio, contaban con educación primaria, lo que representa el 32.39 %, seguido de la educación básica con el 26.88 % y en último lugar, tenían una formación de bachillerato con el 23.87 %. Ahora bien, al examinar su ocupación se ha determinado que el 30.88 % del total de casos, era altamente dependiente de los ingresos de su pareja y se dedicaban a realizar tareas domésticas. Igualmente, al revisar la caracterización del estado civil de las víctimas de femicidio, durante los períodos de tiempo analizados, se encontró que el 65.94 % de casos eran solteras, el 22.70 % casadas y el 5.34% divorciadas.

Resulta oportuno señalar que la provincia que registra un mayor número de femicidios es la provincia del Guayas, con 116 casos, que representa el 19.37 %, seguido de la provincia de Pichincha con 94 casos que equivale el 15.69 % de casos y, en tercer lugar, está la provincia de Manabí con 60 casos y simboliza el 10.02 %. Mientras que las provincias con menos casos de femicidios son las provincias de Napo, Pastaza y Galápagos, que equivalen el 1.17 % de casos sobre el total. Hecha la observación anterior, se analiza que la mayor parte de muertes violentas por el delito de femicidio sucedieron en el área urbana, los mismos que representaron el 60.43 % y el área rural conserva el 39.57 %.

En este contexto, se examina el comportamiento histórico de las denuncias presentadas en la Fiscalía General del Estado, sobre la violencia de género de tipo física, psicológica y sexual, las cuales se enmarcan en el Código Orgánico Integral Penal. En la figura 3 se muestra el histórico y la evolución de las denuncias por violencia de género (física, psicológica y sexual) desde el año 2014 hasta el 2022 en Ecuador.

Según los datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado (FGE), la violencia con el mayor número de denuncias es la psicológica, la cual no solamente está presente en el hogar sino también en lugares públicos, en el ambiente de trabajo y en el escolar, causando gran daño emocional a sus víctimas. Además, este tipo de violencia, desde el año 2015 hasta el año 2020, muestra una tendencia decreciente mientras que para el año 2021 muestra un ligero incremento y, al compararse con el año 2022, decrece en un 7.92 %. Si se analiza la evolución general de la cantidad de denuncias de violencia de género, se observa una reducción promedio anual del 8.79 %. En primer lugar, la mayor contribución a esta tendencia la tuvieron las denuncias por violencia psicológica, con una disminución promedio anual del 9.89 %. Por otro lado, las denuncias por violencia física registraron una reducción del 0.99 %, promedio anual en los años analizados.

Figura 3. Número de denuncias de violencia de género (física, psicológica y sexual) (2014-2022)

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales (SIAF) (2023).

Esta disminución en la violencia psicológica sugiere un cambio estructural en las relaciones de género. Según Reyna (2023), existe una fuerte conexión entre la violencia de pareja y la dependencia emocional, ambas con raíces psicológicas y culturales. La persistencia de la violencia contra la mujer se origina en una cultura de desigualdad de género, donde las normas culturales, creencias y valores actúan como obstáculos para la igualdad en el acceso a oportunidades y recursos para las mujeres (Bermeo, 2023).

Una cultura sensible al género puede reducir la violencia, como se refleja en la tendencia decreciente de este tipo de violencia contra la mujer. Esto coincide con un proceso de transformación cultural en el que el feminismo está ganando terreno (Allardyce y Wareham, 2021, Dahal, Joshi, y Swahnberg, 2022).

En segundo lugar, está la violencia física, la cual se agrupa en un promedio de 4661 denuncias desde el año 2015 al 2022, y se caracteriza por el uso intencional de la fuerza a través del contacto directo con otra persona. En este contexto, se observa que el promedio anual de denuncias por violencia física contra mujeres en Ecuador fue de 4368 casos entre 2014 y 2022. No obstante, este promedio puede fluctuar significativamente de un año a otro. Por ejemplo, en 2019 se registraron 4752 denuncias, mientras que en 2020 el número se redujo a 4311. La variabilidad puede atribuirse a factores como cambios en la legislación, la concienciación pública o los recursos disponibles para las víctimas.

Asimismo, algunos años presentan un ligero aumento en el número de denuncias, mientras que otros muestran una leve disminución, lo cual sugiere que la prevalencia de la violencia física contra mujeres en Ecuador, se ha mantenido relativamente estable en los últimos años.

El año con el mayor número de denuncias por violencia física fue 2022, con 4841 casos, mientras que 2020 tuvo el menor número de denuncias, con 4311 casos. La diferencia entre el año con mayor y menor número de denuncias es de 530 casos. Además, los datos de la figura 3 indican que la violencia física contra mujeres sigue siendo un problema grave en el país. Es fundamental seguir trabajando para prevenir la violencia física contra mujeres y brindar apoyo a las víctimas.

En tercer lugar, está la violencia sexual con una menor incidencia en el número de denuncias presentadas, que ha experimentado un notable incremento del 30.17 % en 2022. Tal incremento, aunque correlacionado con el aumento de la violencia en general en Ecuador, no puede atribuirse directamente a una escalada generalizada de la criminalidad en los últimos años (Abhilasha, 2021). Por el contrario, este incremento podría ser resultado de cambios culturales que reconocen e integran más a las mujeres en la sociedad, lo que conlleva a una mayor conciencia sobre las actitudes sociales que impactan su bienestar. Sin embargo, este aumento de las denuncias también puede explicarse por una mejora generalizada en los procesos de recepción de las denuncias. En todo caso, se pone en discusión los factores intervinientes en un escenario en el que la violencia contra la mujer ha disminuido a excepción de las violaciones.

La tendencia decreciente del número de denuncias por concepto de violencia de género, tanto de orden físico como psicológico, experimentaron una disminución de 0.99 % y de un 9.89 %, promedio anual a lo largo de los años estudiados. Este descenso podría explicarse por la menor intervención de la justicia en la evolución de casos de violencia de género, lo que posiblemente contribuyó al incremento de femicidios en el país. De acuerdo con Silva (2020) y Rueda (2021), la falta de denuncias o las limitaciones existentes en cuanto al tiempo en que estas se efectúan, son varios de los factores no estructurales que podrían condicionar un femicidio. Por este motivo, la ejecución de políticas públicas, que hagan más eficientes y eficaces los procedimientos de acción contra este tipo de delitos, supone un tema imprescindible para al menos contrarrestar a corto plazo la prevalencia de la violencia de género en la sociedad ecuatoriana.

Por las consideraciones anteriores, para conocer el grado de relación entre las variables explicativas dadas por las denuncias de violencia de género, se categorizan como: X1 violencia física, X2 violencia psicológica y X3 violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Por otro lado, se considera como variable dependiente a los casos de femicidio, representada con la letra -Y-, en donde se aplica la Correlación de Tau -b- de Kendall, la cual se ajusta a la distribución de las variables en estudio. A continuación, se muestra la tabla 1 Correlación de Tau-b de Kendall, entre el número de víctimas de femicidios y denuncias de violencia de género presentadas en la Fiscalía General del Estado.

Tabla 1. Correlación de Tau-b de Kendall, entre el número de víctimas de femicidios y denuncias de violencia de género (2014-2022)

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales (2023).

En la correlación Tau-b de Kendall, de estadística no paramétrica, se evidencia algunas correlaciones positivas y negativas. Resulta interesante recalcar que las denuncias de violencia física y violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar, representadas por las variables X1 y X2, tienen una relación inversa con el fenómeno, es decir, si se incrementa el número de denuncias de estos tipos, podría disminuir el número de casos de femicidios. Por otro lado, la variable X3 posee una relación directa con una intensidad media con el delito de femicidio. El último resultado sugiere una posible condición subyacente al feminicidio: la violación. Este acto podría considerarse como un patrón conductual previo a un escenario de homicidio en relaciones marcadas por el maltrato o abuso hacia la mujer. Esto está respaldado por Deretić (2019), Freyaldenhoven et al. (2019) y Jenkins (1997), ya que la violación suele ser parte de un proceso de abuso más amplio, que comienza antes de la agresión física y puede continuar después de ella. Estudios han demostrado que las mujeres que han sufrido agresión sexual tienen más probabilidades de estar en riesgo de femicidio.

Al comparar la relación entre las variables X1 y X2, estas tienen una correlación positiva de 0.44, lo que muestra que, si se incrementan las denuncias generadas de violencia física, también lo harán las de violencia psicológica o viceversa. Ahora bien, al analizar el comportamiento de las variables X2 y X3, estas tienen una correlación negativa y se asocian de forma inversamente proporcional, es decir, si se incrementan las denuncias por violencia psicológica, se podría mitigar las denuncias de violencia sexual o viceversa.

En la presente investigación se prueba, empíricamente, que las denuncias de violencia de género de tipo física y psicológica podrían contribuir a mitigar los femicidios. Así, se acepta la hipótesis alterna H1: la mayor parte de denuncias presentadas por violencia de género inciden de forma positiva en la mitigación de los casos de femicidio del Ecuador; y, se rechaza la H0: la mayor parte de denuncias presentadas por violencia de género no inciden de forma positiva en la mitigación de los casos de femicidio del Ecuador. Por lo que se recomienda que las víctimas de cualquier tipo de violencia denuncien a través de la Fiscalía General del Estado, para que se investigue y se apliquen las sanciones respectivas, con la finalidad de salvaguardar la integridad de quienes sufren este grave problema social.

Para realizar un pronóstico de este fenómeno en el país, se utiliza la metodología Jenkins-Box de tipo Arima, en donde se analizó alrededor de 225 modelos y se selecciona el tipo (3.2) (1.2), lo que implica un modelo con un orden de autorregresión de 3, un grado de diferenciación de 2 y un orden de media móvil de 1, como el mejor método de proyección, pronosticando el fenómeno durante los próximos 3 años. En la tabla 2 se muestra la proyección de los femicidios y la tasa de femicidios por cada 100 000 mujeres, durante los años (2023-2025).

Tabla 2. Proyección de femicidios y tasa de femicidios por cada 100 000 mujeres

Fuente: Elaboración propia a partir de la información estadística del Consejo de la Judicatura y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) (2023).

La proyección arroja una medida de bondad de ajuste, según el criterio de información Akaike - AIC, de 4.09, el cual sirve como una medida de bondad de ajuste, al comparar 225 modelos y seleccionar la especificación óptima. Por otra parte, se analiza el nivel de significancia de 0.00, que indica una relación estadística significativa entre los términos autorregresivos y de medias móviles. Dadas las condiciones que anteceden, se pronostica que el fenómeno en estudio puede incrementar durante los próximos tres años, lo cual puede deberse a características de modelización de las series de tiempo, como: tendencia, estacionalidad y ciclicidad; y, por otro lado, no necesariamente por intervención política. Ahora bien, resulta interesante recalcar que la serie de tiempo denominada femicidio, no persigue un camino impredecible, por lo que se pueden hacer aproximaciones a futuro.

Discusión

En este trabajo resulta esclarecedor contrastar los hallazgos con investigaciones previas sobre el femicidio. Por ejemplo, el estudio realizado por Cobo (2019), identificó una distribución no normal de los casos, lo que sugiere que la naturaleza impredecible del fenómeno contribuye a las fluctuaciones en el número de casos.

De otro lado, los resultados obtenidos en esta investigación permiten analizar a profundidad el fenómeno del femicidio y su vínculo con la violencia de género en Ecuador, en donde se confirma lo expuesto por Águila et al. (2016) sobre la violencia de género como un problema inmerso en la sociedad, que afecta principalmente a grupos vulnerables como mujeres, adolescentes y niñas. Además, los datos analizados muestran una alta incidencia de femicidios en mujeres jóvenes y adultas, con un 84.81 % de las víctimas, en edades comprendidas entre los 14 y 44 años.

Asimismo, se corrobora el planteamiento de Saccomano (2017), sobre el aumento notable de los casos de femicidio en América Latina en las últimas décadas, a pesar de una inicial disminución. En el caso de Ecuador, se evidencia un incremento del 2.23 % en el número de víctimas de femicidios, y un 0.81 % en la tasa de prevalencia por cada 100 000 mujeres, durante el período analizado (2014-2022).

Los hallazgos también respaldan la perspectiva de Gayón (2015) sobre cómo el femicidio en América Latina afecta principalmente a mujeres pobres y racializadas, lo que refleja una lógica sexista y racista en la valoración de la vida. En el estudio, se encontró que un 30.88 % de las víctimas de femicidio eran altamente dependientes económicamente de sus parejas, y el 85.31 % de los casos ocurrieron en mujeres mestizas.

Los resultados confirman la importancia del Modelo Latinoamericano para la Investigación de Asesinatos de Mujeres, propuesto por ONU Mujeres (2014), al abordar tanto las causas estructurales como los estándares internacionales de debida diligencia, incorporando un análisis integral de género en las investigaciones criminales. En cuanto al perfil de las víctimas, este estudio coincide con la investigación de Barredo (2017), en Ecuador, donde se observa que la mayoría de las víctimas son mujeres jóvenes con vínculos cercanos al agresor. Asimismo, se destaca la importancia de implementar políticas públicas que empoderen a mujeres económicamente dependientes.

En la misma línea, la relación entre la violencia de género y los roles y expectativas de género, los hallazgos coinciden con los planteamientos de Cantera y Blanch (2010), quienes señalan que las personas tienden a percibir la violencia en las relaciones de pareja, según características masculinas y femeninas típicas. Se corrobora lo expuesto por Delgado et al. (2012), sobre la persistencia de roles y expectativas de género rígidos en la violencia doméstica contra las mujeres, reforzados por las madres al criar a sus hijos.

Respecto a la relación entre el confinamiento por la pandemia de Covid-19 y el incremento de la violencia de género, los resultados respaldan lo reportado por Lorente (2020), en países como España e India, respectivamente. Sin embargo, en el caso de Ecuador, no se observa un aumento significativo en los casos de femicidio durante el período de confinamiento, lo que podría sugerir una dinámica diferente en el contexto local.

En cuanto a las raíces históricas y culturales de la violencia de género, los hallazgos coinciden con los planteamientos de Poggi (2019) y Martínez (2007), quienes destacan la relación entre el sistema patriarcal, la subordinación y exclusión de la mujer, y la persistencia de estereotipos de género. Igualmente, se confirma la importancia de la formación en principios y valores morales, para garantizar el respeto de los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia, como sugiere Hermosa (2018).

Los resultados también apoyan la perspectiva de Paredes et al. (2016), sobre las divergencias y desigualdades de poder entre hombres y mujeres, y la discriminación que impide el crecimiento y desarrollo humano y profesional de las mujeres. En este sentido, se observa una alta concentración de casos de femicidio en zonas urbanas (60.43 %), lo que podría estar relacionado con las dinámicas de poder y desigualdad, presentes en estos entornos.

Además, esta investigación confirma la correlación entre las denuncias y la reducción de femicidios, lo cual está en línea con investigaciones anteriores. Por otra parte, es importante mejorar la accesibilidad para presentar denuncias, como una estrategia prometedora para mitigar este fenómeno. Por último, es fundamental mencionar que la prioridad debe enfocarse en profundizar las causas que originan este problema y desarrollar estrategias efectivas de prevención.

Igualmente, se confirma la perspectiva de Butler (Buthler, 1998) sobre la necesidad de entender el género como algo construido y repetido a través de comportamientos, desafiando la idea de una identidad de género estable y abriendo posibilidades de transformación. Sin embargo, los resultados contrastan con la simplificación del concepto de género a una percepción individual de identidad, como señalan García y Flores (2021), al evidenciar la complejidad de las desigualdades de género y la necesidad de abordar el feminismo como una lucha colectiva contra estas desigualdades.

En relación con la convergencia entre la Economía Política de la Comunicación y la teoría feminista, los hallazgos respaldan la importancia de incorporar los aportes más recientes de la teoría feminista para mejorar el análisis sobre las dinámicas de género, poder y comunicación, como sugieren Martínez y Martínez (2020). Finalmente, los resultados coinciden con la perspectiva de García y Flores (2021) sobre la necesidad de realizar un análisis crítico de las desigualdades y otros fenómenos sociales, desde una perspectiva política comprometida, que fomenta el diálogo y la articulación entre las teorías feministas.

Conclusiones

Este estudio contribuye significativamente a la comprensión del fenómeno del femicidio y su vínculo con la violencia de género en Ecuador. Al combinar un sólido enfoque cuantitativo, el análisis de series de tiempo y la correlación con las denuncias de violencia, se logra una visión integral y rigurosa del problema. Los resultados obtenidos respaldan y complementan investigaciones previas, al tiempo que aportan nuevos hallazgos relevantes para el diseño de políticas públicas efectivas. Un aspecto destacable es la confirmación de la naturaleza no normal de la distribución de los casos de femicidio, lo que refleja su carácter impredecible y la necesidad de abordar las causas profundas que subyacen a este fenómeno. Asimismo, la identificación de patrones estacionales, asociados a fechas especiales, contribuye a comprender mejor la influencia de factores socioculturales en la ocurrencia de estos crímenes.

Los hallazgos refuerzan la importancia de considerar las dimensiones de género, raza y clase social, en el análisis del femicidio, en donde la alta incidencia en mujeres jóvenes, mestizas y económicamente dependientes de sus parejas, evidencia la interseccionalidad de las desigualdades y la necesidad de políticas integrales que aborden estas diversas aristas. En este sentido, el empoderamiento económico de las mujeres emerge como una estrategia clave para mitigar su vulnerabilidad.

Un aspecto significativo del estudio es la correlación encontrada entre las denuncias de violencia física y psicológica, y una menor incidencia de femicidios. Esto sugiere que, fomentar y facilitar la presentación de denuncias, podría contribuir a prevenir escaladas de violencia y casos de femicidio. No obstante, es fundamental abordar las limitaciones y barreras que enfrentan las víctimas al denunciar, así como mejorar los procesos de investigación y respuesta institucional. La investigación destaca la importancia de adoptar un enfoque integral y multidisciplinario para abordar el femicidio, en línea con el Modelo Latinoamericano para la Investigación de Asesinatos de Mujeres. Por lo que, al incorporar análisis de género, causas estructurales y estándares internacionales de derechos humanos, en las investigaciones criminales, puede mejorar significativamente las respuestas institucionales y promover una mayor coherencia con los principios de igualdad y no discriminación.

Asimismo, los resultados obtenidos respaldan la necesidad de continuar profundizando en el diálogo y la articulación entre las teorías feministas y otros enfoques críticos, como la Economía Política de la Comunicación. La convergencia interdisciplinaria permitirá comprender de manera más holística las complejas dinámicas de género, poder y comunicación, que subyacen al fenómeno del femicidio, así como desarrollar estrategias más efectivas para su prevención y erradicación. Entre las limitaciones del estudio se debe mencionar que las series de tiempo de femicidios pueden variar, debido a que pueden cambiar de un tipo penal a otro. Esto puede deberse a que, en el proceso de investigación previa, se determine que el delito investigado cumple o no con las características tipificadas en el artículo 141, Femicidio del Código Orgánico Integral Penal. Finalmente, para futuras líneas de investigación, se recomienda contrastar los resultados encontrados en esta investigación con otras técnicas estadísticas y más variables explicativas, que ayudan a mejorar la comprensión del fenómeno en estudio.

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