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Tema Central

Desigualdad de género y su impacto en la sociedad ecuatoriana: Reflexiones y desafíos

Gender inequality and its impact on ecuadorian society: reflections and challenges

Daniela Delgado Cevallos . Universidad Católica de Cuenca, Ecuador.

José David Tapia . Consejo de la Judicatura, Ecuador.

1. Introducción

La perspectiva de género se ha convertido en un marco crucial en la teoría de la dinámica social y familiar dentro de las Ciencias Sociales. Los roles de género y las expectativas sociales asociadas a ellos tienen un impacto significativo en las relaciones familiares. Esta revisión se centrará en ampliar el entendimiento del impacto de las perspectivas de género en los conflictos familiares, en el contexto ecuatoriano, y aborda temas fundamentales como los prejuicios de género, las injusticias sociales y la desigualdad, así como las estructuras y dinámicas familiares actuales. La perspectiva de género es hoy una herramienta esencial en el análisis de las dinámicas familiares y sociales, tal y como afirma Acker (2015) quien considera que los roles femeninos son sistemas con una poderosa influencia en las interacciones cotidianas. En este sentido, Stacey (2011), destaca la importancia del género en el estudio de la dinámica familiar y enfatiza el papel que los roles sociales de género pueden desempeñar en la configuración de las normas familiares.

Además, en Ecuador, Federici (2012), sostiene que los desequilibrios de género son igualmente aplicables al contexto del país, ya que pueden resultar en importantes desigualdades y conflictos intrafamiliares. Los conflictos familiares se caracterizan por prejuicios de género e injusticias sociales, como sugiere Connell (2014), lo que se ve respaldado además por desigualdades económicas y educativas, que refuerzan las relaciones de poder existentes basadas en el género. La investigación de Lagarde (2006), que explora cómo las normas de género conducen a la subordinación de las mujeres tanto en las relaciones familiares como sociales, demuestra un eco de este análisis.

Según Collins (2000), las estructuras socioeconómicas y culturales únicas de Ecuador pueden contribuir a la concentración de estas dinámicas de desigualdad, injusticia y exclusión social en el país. Estas dinámicas se manifiestan en la marginalización de grupos étnicos y minorías, la persistencia de la pobreza, la discriminación de género y la inequidad en el acceso a recursos y oportunidades. La combinación de factores históricos, políticos, económicos y culturales crea un entorno propicio para la perpetuación de estas dinámicas, lo que exige un análisis crítico y una acción transformadora, para abordarlas de manera efectiva y promover la justicia social y la equidad en Ecuador. La incorporación de estructuras y dinámicas familiares, contemporáneas, como señala Smart (2007), puede ayudar a explicar los conflictos familiares desde una perspectiva de género, porque resalta cómo los cambios en la estructura familiar pueden afectar la distribución del poder y los recursos. El contexto ecuatoriano ofrece una perspectiva multifacética sobre los conflictos familiares, enfatizando la intrincada interacción entre género, relaciones familiares y dinámica social.

En este sentido, la perspectiva de género representa un enfoque crucial en el análisis social, ya que integra una variedad de estudios provenientes de distintas corrientes académicas feministas. Su objetivo primordial es cuestionar y desafiar los estereotipos arraigados en la sociedad, así como desarrollar nuevos conceptos que influyan en la percepción general de la misma. Al reconocer las disparidades de género y las estructuras de poder que las perpetúan, la perspectiva de género busca promover la igualdad y la equidad entre los géneros. Esta base teórica actúa como una plataforma para generar cambios significativos en la mentalidad colectiva, fomentando la reflexión crítica sobre las relaciones de género y sus implicaciones en todos los ámbitos de la vida social, política y económica. Al desafiar las normas y roles de género tradicionales, la perspectiva de género impulsa la transformación hacia una sociedad más justa e inclusiva para todas las personas, independientemente de su identidad de género.

En este sentido, la importancia de una perspectiva de género radica en eliminar la discriminación basada en el género, promoviendo la igualdad de oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Esto no solo es una cuestión de justicia, sino también de equidad y democracia, puesto que contribuye a un desarrollo más equitativo y democrático de la sociedad al eliminar obstáculos y discriminaciones, estableciendo condiciones más justas para la participación de todos los individuos. Además, la perspectiva de género ayuda a desafiar y desentrañar los códigos culturales que perpetúan prejuicios y estereotipos, permitiendo una mayor comprensión y combate efectivo contra ellos. Promueve la inclusión de todas las personas, independientemente de su género, y reconoce la diversidad de experiencias y realidades que existen en la sociedad. Facilita el avance hacia la igualdad de oportunidades y la eliminación de la desigualdad social basada en el género, beneficiando tanto a mujeres como a hombres y a la sociedad en su conjunto. En este sentido, la perspectiva de género es esencial para construir una sociedad más justa, equitativa e inclusiva, donde se respeten los derechos y la dignidad de todas las personas, independientemente de su género. La adopción de una perspectiva de género en todos los ámbitos de la sociedad en general es fundamental para promover la equidad y la justicia social.

Al reconocer y cuestionar las estructuras de poder que perpetúan la discriminación y la desigualdad de género, podemos avanzar hacia una sociedad más inclusiva y respetuosa de la diversidad. La aplicación de esta perspectiva no solo beneficia a las mujeres, sino que también contribuye al bienestar y al desarrollo integral de toda la población, al fomentar un entorno donde se valoren y se respeten los derechos y la dignidad de todas las personas, independientemente de su género. Es esencial que los estudios y las políticas públicas incorporen esta visión transversal en todos los niveles, desde la educación hasta la toma de decisiones políticas, para lograr un cambio real y duradero hacia una sociedad más justa y equitativa.

2. La perspectiva de género como categoría de análisis social y familiar

Por categoría de género se debe entender al enfoque de estudio social, que tiene por base la exploración, descripción, análisis y síntesis de la realidad que viven hombres, mujeres y grupos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, queers, pansexuales, agéneros, asexuales y a las aliadas (Lgbtiq+) en las relaciones sociales, políticas, culturales, entre otros. La perspectiva de género permite identificar y conocer las opiniones, creencias, imaginarios sociales, roles, usos, costumbres, representaciones, prácticas y otros aspectos subjetivos de las personas en sus relaciones humanas basadas en su género.

El análisis de los fenómenos sociales con perspectiva de género es imprescindible en todo fenómeno social. La familia, la sociedad y el Estado requieren observar e interpretar los hechos, tomando como punto de partida todas las aristas que puedan presentarse en su dinámica. Una de esas aristas es la categoría de género, sin la cual los hechos y fenómenos determinantes de la realidad carecerían de objetividad. La influencia de la cultura, las prácticas religiosas y las leyes son determinantes en el análisis (Consejo de la Judicatura, 2018). Las características entre hombres, mujeres, niños y niñas, adultos mayores, personas con discapacidad y grupos de gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, queers, pansexuales, agéneros, asexuales y a las aliadas (Lgbtiq+), han sido asignadas históricamente basándose en el sexo, la edad, la condición social, entre otros factores.

En este contexto, el acceso a los derechos en igualdad formal y material se ha visto cuestionado constantemente por hombres, mujeres y grupos activistas de derechos. Desde las tareas y roles en las familias hasta la pugna de derechos en los contextos legales y políticos, la perspectiva de género ha sido un enfoque de análisis imprescindible para la solución de los conflictos. Esta perspectiva de género identifica y aborda desigualdades arraigadas en las estructuras sociales, y promueve la equidad y la justicia en todos los ámbitos. Desafía las normas y relaciones de poder desiguales, contribuyendo así a sociedades más inclusivas y democráticas, donde todos ejerzan plenamente sus derechos, independientemente del género.

Además, según Vivallo (2013), ha ayudado a visibilizar las experiencias y necesidades específicas de grupos históricamente marginados, lo cual apoya así a políticas y acciones afirmativas, que buscan la igualdad para todos. Al considerar la perspectiva de género, no sólo es importante entender cómo surgen los conflictos en la sociedad moderna, sino que también es crucial para construir una sociedad inclusiva y justa. La doctrina, las leyes, los protocolos y la normativa nacional e internacional contemplan el concepto de igualdad, como elemento decidor en la resolución de los conflictos sociales. Por otro lado, el concepto de igualdad implica reconocer que todas las personas, sin importar su raza, género, religión o situación socioeconómica, deberían tener acceso a los mismos derechos, oportunidades y posibilidades. Esto promueve la justicia social, la equidad y el desarrollo humano. Sin embargo, este objetivo requiere un enfoque integral que reconozca y aborde las desigualdades arraigadas en las estructuras sociales. Es esencial reconocer que la igualdad real va más allá de la mera igualdad formal; implica abordar las desventajas históricas y estructurales que han perpetuado la exclusión y la marginalización de ciertos grupos. Por lo tanto, para lograr una sociedad verdaderamente igualitaria, es fundamental promover políticas inclusivas que reconozcan y compensen estas desigualdades, para garantizar así que todas las personas tengan igualdad de oportunidades y acceso a recursos necesarios para prosperar.

En el ámbito familiar, Olmos (2022) señala, que la división de roles por género en el trabajo emerge de las dinámicas familiares y de las relaciones de género en la esfera social. La perspectiva de género permite identificar y cuestionar las expectativas y roles de género tradicionales, que pueden limitar las opciones y oportunidades de las personas. Por ejemplo, analizar cómo los roles de género pueden influir en la distribución del trabajo doméstico y el cuidado de los hijos, así como en las decisiones relacionadas con la educación, la carrera y la participación en la vida pública. Además, la perspectiva de género nos ayuda a comprender cómo las normas y prácticas de género pueden contribuir a la violencia doméstica y la discriminación contra las mujeres y las personas Lgbtiq+, en el seno familiar. Esto nos lleva a abogar por políticas y programas que promuevan relaciones familiares más equitativas y libres de violencia y discriminación.

A nivel más amplio, la perspectiva de género permite comprender cómo las desigualdades de género se reproducen y refuerzan en la sociedad en su conjunto. Permite analizar cómo las estructuras institucionales y las políticas públicas pueden perpetuar la discriminación de género y marginar a ciertos grupos de personas, en función de su género u orientación sexual. Sin embargo, la aplicación efectiva de la perspectiva de género, en la investigación y la práctica, no está exenta de desafíos. Uno de los desafíos más importantes es el reconocimiento y la superación de los sesgos de género en la recopilación y análisis de datos, así como en la formulación de políticas y programas.

Además, es importante tener en cuenta las intersecciones entre el género y otras formas de opresión y discriminación, como la raza, la clase social, la orientación sexual y la identidad de género. La perspectiva de género debe ser inclusiva y sensible a las experiencias y necesidades de todas las personas, especialmente de aquellas que enfrentan múltiples formas de discriminación. A pesar de estos desafíos, ha habido avances significativos en la integración de la perspectiva de género en la investigación, la política y la práctica en los últimos años. Cada vez más, se reconoce la importancia de abordar las desigualdades de género de manera sistemática y holística para lograr un cambio social duradero y promover la igualdad de género en todas las áreas de la vida.

2.1. Los estereotipos de género y su incidencia en los roles familiares

En Ecuador, los estereotipos de género tienen una gran influencia en los roles familiares. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2022), y otros estudios nacionales, las mujeres ecuatorianas dedican en promedio 3.7 horas diarias a tareas domésticas y de cuidado, mientras que los hombres dedican solo 1.6 horas. Esto refleja una desigualdad significativa en la carga del trabajo no remunerado. La tasa de participación laboral de las mujeres en Ecuador es del 53.6 %, comparada con el 79.4 % de los hombres. Esto puede deberse en parte a las responsabilidades domésticas y de cuidado que recaen sobre las mujeres, lo cual limita sus oportunidades de empleo. Los estereotipos de género también están relacionados con la violencia doméstica. En Ecuador, el 65 % de las mujeres ha experimentado algún tipo de violencia de género a lo largo de su vida, lo cual refleja actitudes y comportamientos profundamente arraigados en la sociedad. Aunque la brecha de género en la educación se ha reducido, todavía existen áreas donde las expectativas de género influyen en las decisiones educativas y profesionales. Las mujeres son subrepresentadas en carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), lo que puede limitar sus oportunidades en sectores de alto crecimiento y bien remunerados.

En este sentido, ONU Mujeres (2020) señala, que la igualdad de género es un derecho humano fundamental. Superar los estereotipos de género es crucial para garantizar que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades y derechos en todas las áreas de la vida. Por otro lado, El Banco Mundial (2021) indica, que la plena participación de las mujeres en la economía puede impulsar el crecimiento económico. Si las mujeres pueden acceder a trabajos remunerados y desarrollar sus carreras sin las barreras impuestas por los estereotipos de género, se puede aumentar la productividad y la innovación. Una distribución más equitativa del trabajo doméstico y de cuidado puede mejorar la calidad de vida de todos los miembros de la familia. Según Unicef (2019), los hombres que participan activamente en el cuidado de los hijos y las tareas del hogar, reportan relaciones familiares más cercanas y satisfactorias. Desafiar los estereotipos de género puede contribuir a reducir la violencia de género. Las actitudes que perpetúan la desigualdad y la dominación masculina están en la raíz de muchos comportamientos violentos.

Sin embargo, generalizar los roles en la sociedad y la familia con base en el género, implica perpetuar una práctica discriminatoria que limita el potencial y las oportunidades de hombres y mujeres. Al asignar funciones específicas según el género, se refuerzan estereotipos que no sólo son injustos, sino que también son perjudiciales para el desarrollo individual y social. Estos roles, supuestamente determinados por condiciones naturales o por la cultura predominante, niegan la diversidad y la igualdad de capacidades y habilidades entre los géneros. La perpetuación de estos estereotipos de género, como señala Gómez Saracíbar (2023), limita las opciones de vida de hombres y mujeres, y también contribuye a la exclusión y la marginalización de aquellos que no se ajustan a estas normas preestablecidas. De tal manera que, erradicar la discriminación de género, implica desafiar activamente estos estereotipos y promover una cultura de igualdad y respeto mutuo en todas las esferas de la sociedad.

La familia ha recibido atención especial en la normativa jurídica en el Ecuador y en el contexto internacional. En tal sentido, la Constitución del Ecuador (2008), en su artículo 67, reconoce a la familia en sus diversos tipos, y señala que: “El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes”.

Al reconocer a la familia en todas sus formas y manifestaciones, la Constitución ecuatoriana reconoce la diversidad de estructuras familiares y la importancia de garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para todos sus miembros. Esto implica desafiar los estereotipos de género, que perpetúan roles tradicionales y expectativas basadas en el género, como la idea de que las mujeres deben dedicarse exclusivamente al cuidado del hogar y los niños, mientras que los hombres deben asumir el papel de proveedores económicos y autoridad en la familia.

Al asegurar condiciones que promuevan de manera integral el logro de los objetivos familiares, el Estado ecuatoriano se compromete a fomentar relaciones familiares más equitativas y empoderadoras, donde se salvaguarde los derechos y la dignidad de todos sus integrantes, sin importar su género. A pesar de que el artículo 67 de la Constitución establece que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, la Corte Constitucional del Ecuador ha decidido reconocer el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Esto implica desafiar y superar los estereotipos de género arraigados en la sociedad, así como promover una cultura de igualdad y respeto, tanto en el ámbito familiar como en la sociedad en su conjunto. Por consiguiente, el reconocimiento de la familia, en la Constitución ecuatoriana, está estrechamente vinculado con la lucha contra los estereotipos de género y la promoción de la igualdad de género en la sociedad

Por otro lado, La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw 1981), en su artículo 16, también menciona la igualdad en las relaciones familiares sin discriminación por ninguna característica social o de cualquier índole. En este contexto, se reconoce el papel fundamental de las leyes y políticas, que promueven la igualdad de género y protegen los derechos de las mujeres y otros grupos vulnerables dentro del ámbito familiar. En este sentido, tanto la Constitución ecuatoriana como la Cedaw, reflejan un compromiso compartido de garantizar relaciones familiares basadas en la igualdad y el respeto mutuo, lo que contribuye a la construcción de una sociedad más inclusiva y equitativa.

Sin embargo, los estereotipos determinan los comportamientos esperados de cada género en el ámbito familiar, como la necesidad de ternura y delicadeza en las mujeres, y la fortaleza y valentía en los hombres. También afectan a la toma de decisiones y la autoridad en la familia, donde se espera que las mujeres sean sumisas y obedientes, mientras que los hombres sean quienes tengan el control y tomen las decisiones importantes. Esta influencia también se observa en los roles relacionados con la reproducción y la productividad, donde las mujeres suelen realizar tareas domésticas y de cuidado no remuneradas, mientras que los hombres se ocupan del trabajo remunerado y las actividades públicas.

Esta influencia de género se manifiesta incluso en la dinámica de autoridad dentro de la familia, donde las mujeres a menudo desempeñan roles de servicio y cuidado, mientras que los hombres suelen ocupar posiciones de autoridad y dominio. En este sentido, los estereotipos de género ejercen un impacto significativo en los roles familiares, lo que resulta en una distribución desigual de responsabilidades, decisiones y autoridad en el seno del hogar. Para promover relaciones familiares más equitativas y empoderadoras, es esencial identificar y desafiar estos estereotipos arraigados en la sociedad.

2.2. Desigualdad y justicia social con perspectiva de género

Para Diaz y Elizalde (2019) el concepto de desigualdad ha sido abordado desde enfoques clásicos hasta perspectivas liberales y progresistas, en un inicio restringiendo el concepto a un hecho natural tendiente a mantener el poder subordinado entre las personas, y posteriormente considerando a la misma como una adecuada organización y distribución de los medios de producción. Estos enfoques son desarrollados ampliamente por Carrillo et al. (2013), para quienes la desigualdad implica la falta de acceso a las oportunidades vitales de los seres humanos en igualdad de condiciones, las mismas que dependen de las políticas del Estado y de las instituciones vigentes, no siendo atributo de un individuo sino del Estado, mediante una estructura social predeterminada.

La familia es uno de los primeros entornos en donde la desigualdad de género se puede evidenciar. Cecchini y Soto de la Rosa (2021) realizan una introducción a la desigualdad de género, en donde abordan tres principales entornos en los cuales esta se refleja con mayor magnitud, entre los que destacan: desigualdad en la autonomía económica, en la autonomía física y en la toma de decisiones; en cada uno se destacan limitaciones, denominadas nudos estructurales de desigualdad, que se reflejan en: feminización de la pobreza, cultura patriarcal violenta, injusta organización del cuidado, concentración del poder y exclusión de mujeres en la toma de decisiones.

Romper los nudos estructurales de desigualdad implica compromiso y responsabilidad de todos los sectores y actores del Estado, la sociedad y la familia. La prevención debe empezar en el primer grupo socializador del ser humano, es decir su familia. De acuerdo con Camacho (2014), es urgente trabajar en la modificación de los estereotipos de género, los imaginarios, percepciones y roles asignados según el sexo, e incluir a las mujeres en las organizaciones de derechos humanos y Organizaciones no Gubernamentales (ONG), así como en los sistemas de protección de derechos y justicia, que contribuye al mejoramiento de su calidad de vida y promueve la justicia social en igualdad formal y material.

En esta línea de pensamiento también coinciden Güezmes y Scuro (2022), para quienes la desigualdad de género tiene por base la persistencia de los privilegios, la exclusión, la pobreza, el patriarcado, la discriminación, la violencia, la injusta organización de los roles de cuidado, la rígida división sexual del trabajo y, finalmente, la concentración del poder unilateral en las relaciones personales. Ante ello recomiendan transitar hacia una justa reorganización de los cuidados, con intervención estatal, teniendo en cuenta la diversidad de familias y políticas económicas que prioricen el cuidado del planeta, la salud y a las personas. Es así como la desigualdad social no sólo es una aspiración personal, más que eso, es una obligación estatal. Romper las brechas sociales de desigualdad implica reconocerla, entenderla y actuar frente a ella.

La naturalización del rol de maternidad de la mujer es un claro ejemplo del estereotipo de madre cuidadora. Simon (2019) ha expresado su criterio respecto a la maternidad como condición natural, expresando que ha sido utilizada para discriminar y justificar situaciones intolerables, lo que conduce a la necesidad de transformarla, para garantizar la igualdad entre los géneros. La autoridad, las funciones, las tareas, los roles y las normas en la familia se han establecido inequitativamente sobre la base de consideraciones como el sexo y la edad de sus integrantes (Organización Panamericana de la Salud, Instituto Mexicano de Seguridad Social, 2003).

Con esta perspectiva, Mukhopadhyay y Navsharan definen a la justicia de género como “el fin de las desigualdades entre mujeres y hombres, así como el tomar medidas para reparar las desventajas que llevan a la subordinación de las mujeres ante los hombres” (2007, p. 4). Este concepto visibiliza que las condiciones sociales entre hombres y mujeres en el Ecuador no son de igualdad. La brecha de género va en aumento año tras año. Según el portal Expansión (2023), durante este último año ha aumentado significativamente en relación a otros países de Latinoamérica y el Caribe, lo cual implica que las condiciones de vida, acceso a derechos, salarios, participación política, empleo, educación y espacios públicos entre hombres y mujeres, están fuertemente marcados por razones de género. Esta realidad pone en evidencia que aún faltan mecanismos para contribuir a la igualdad social y justicia de género en Latina América y en especial en el Ecuador.

2.3. Estructura y dinámica familiar en la sociedad el siglo XXI

Las familias en la sociedad del siglo XXI tienen características distintas a las familias tradicionales o también denominadas familias arcaicas. Las familias comunes en la sociedad del siglo XX fueron principalmente la nuclear, monoparental y ampliada. Piedra (2007) expone de forma clara esta realidad, al manifestar que las familias se trasforman para dar respuesta a las necesidades que resultan de su contexto social, y es contrario al infundado temor de la desaparición de la familia como institución social; además, indica que este fenómeno transforma la dinámica al interior de las familias y vuelve complejas las relaciones, suscitándose el fenómeno denominado destradicionalización de las relaciones de pareja. En este sentido, las relaciones intrafamiliares tienden a ser más heterogéneas y el poder en su dinámica interna es más horizontal.

En nuestros días, diversos fenómenos sociales como la migración, los avances científicos y el avance de los derechos ha permitido la configuración de nuevas estructuras familiares. Para Golombok (2017) las familias denominadas modernas tienden a estar caracterizadas por su composición, entre ellas están las integradas por personas del mismo sexo, familias trasnacionales, familias ensambladas de dos o tres generaciones, familias sin hijos, familias con mascotas, familias constituidas por métodos asistidos como la fecundación in vitro, vientre de alquiler o maternidad asistida, etcétera. Estas configuraciones familiares requieren abordajes sobre la base de modelos críticos, enfoques de derechos humanos y no discriminación.

Pese a los cambios en la estructura de las familias, cada tipología cuenta con elementos básicos para evaluar su funcionamiento y determinar su salud. Independiente de su ciclo vital y de las crisis que atraviesen, se deberá valorar interna y externamente su funcionamiento. Desde el modelo sistémico intrafamiliar tenemos varios subsistemas a tomar en cuenta, entre ellos se destacan: subsistema de pareja o conyugal, subsistema parento-filial ‒padre e hijos‒ y subsistema fraternal ‒hermanos‒ (Minuchin, 1974). Dichas estructuras se modifican en su composición al existir variación en las tipologías familiares, tal es el caso de las familias monoparentales o sin hijos, o con un solo hijo o hija.

En este sentido, al estudiar una familia es prioritario identificar los ejes de evaluación familiar, para evaluar las funciones en cada uno de los sistemas intrafamiliares, entre los que destacan: la jerarquía o autoridad familiar, las tareas o roles de cada uno de los integrantes de la familia, las normas que rigen las relaciones, la presencia de alianzas o coaliciones en sus sistemas internos, la comunicación, la adaptabilidad a los cambios, la permeabilidad, el control del comportamiento y la forma de solución de conflictos. Cada uno de estos elementos permitirá contar con indicadores claros para determinar la salud, crisis o riesgo familiar.

Las familias tradicionales tienen características comunes que las diferencian de otras familias, entre ellas están los subsistemas conyugal, parental y fraterno, a su vez cumplen funciones comunes entre las cuales se destacan la autoridad o jerarquía, la comunicación, los roles, la adaptabilidad a los cambios y la permeabilidad en su interior. Estos elementos pueden variar en las familias denominadas modernas o del siglo XXI (Irueste, et al., 2020), no obstante, ante la variación de las nuevas estructuras de las familias actuales no implica dejar de atender esas funciones o subsistemas, sino por el contrario, observarlas a la luz de un modelo integral como es la categoría de género.

Las características y tareas en el seno de la familia son elementos imprescindibles en el diagnóstico; desatenderlos implicaría arribar a un error esencial en el estudio de trabajo social. Los ejes de estudio, por lo tanto, deben ser restructurados en función de las características de cada familia, pues la desigualdad en las funciones, tareas y atención a las crisis, podrían representar cargas en sus integrantes, asignadas en razón del sexo-género o características estereotipadas, como por ejemplo, rol de proveedor económico y rol de formación de los hijos, diferencias que se asignan a partir del género y que pueden afectar el cumplimiento de otros derechos como la coparentalidad y la igualdad ante la ley.

2.4. Conflictividad familiar y respuestas socio-jurídicas en el contexto ecuatoriano

El Ecuador se ha caracterizado por una fuerte lucha social y legal en torno a las instituciones jurídicas que regulan las relaciones familiares. Desde grupos a favor y grupos en contra se ha debatido aspectos como la asignación de la tenencia de los hijos, en la cual se ha cuestionado tendencias y doctrinas que legitiman el cuidado de los hijos a cargo de las mujeres. La reciente sentencia n.º 28-15-IN-21, de fecha 24 de noviembre del 2021, profundiza el análisis de género sobre la base de los roles que determinan las relaciones de la familia. En el párrafo 36 se dice que la asignación de roles por género provoca la institucionalización de estos, generando desequilibrio entre derechos y obligaciones de cada uno de los progenitores.

La Corte Constitucional del Ecuador en el caso n.º 28-15-IN, destaca que los roles de género no son sino procesos de aprendizaje que las personas pueden ejercer durante el transcurso de la vida, en este sentido, se expone:

El rol de cuidado se aprende. No viene dado. Hombres y mujeres pueden hacerlo de forma adecuada y promoviendo los derechos de los niños y niñas. No por el hecho de que la mujer ha cargado históricamente el peso del cuidado, significa que tienen dones especiales. Así como tampoco por el hecho de históricamente no haber ejercido roles de cuidado, significa que los hombres no pueden aprender a hacerlo. También cabe la posibilidad de que muchas madres posiblemente están ejerciendo el rol de cuidado sin que sea su voluntad y por tanto sin realizarse como persona (2021, párr. 43)

En esta misma línea de análisis, también se destaca el caso 16-92-12-EP en la Corte Constitucional del Ecuador (2018), conocido como Caso Satya. En la sentencia de fecha 19 de junio del 2018 se analiza la vulneración de derechos a una familia compuesta por una pareja del mismo sexo y el derecho a la identidad de una niña hija de dos madres del mismo sexo. La sentencia manda a que el Registro Civil, como medida de reparación integral, registre a los hijos e hijas de una familia diversa constituida por dos madres. La defensa del caso estuvo a cargo de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, y los resultados permitieron, por un lado, visibilizar a las nuevas familias en el contexto ecuatoriano y, por otro, la progresividad de sus derechos en igualdad de condiciones que las familias tradicionales, lográndose un precedente para las familias integradas por Lgbtiq+.

Otros de los hitos que han marcado significativamente las respuestas en el contexto de la legislación y la práctica judicial ecuatoriana, son las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Caso Átala Rifo vs Chile y Caso Fornerón vs Argentina. En el primer caso, la CIDH analiza le negativa por parte de la justicia chilena, de otorgar la tenencia a la figura materna de dos hijas nacidas dentro de un matrimonio inicialmente celebrado entre un hombre y una mujer, el cual luego del divorcio se trasformó en una familia homoparental por parte de la figura materna. La justicia chilena consideró, que las familias compuestas por personas del mismo sexo constituirían un riesgo para las hijas. De ahí que la progenitora de las niñas, frente al fallo chileno, llevó el caso a la Corte Internacional, alegando discriminación por razones de género y orientación sexual, como categoría protegida por las leyes.

La CIDH, al estudiar las tareas de cuidado en el hogar ejercido tradicionalmente por las mujeres, así como los privilegios de la maternidad y paternidad, los estereotipos, el concepto de familia tradicional y los presuntos riesgos de los hijos en hogares homoparentales, entre otros, concluyó que existía violación al derecho a la igualdad, así como discriminación, al considerar un presunto riesgo basado en la orientación sexual y los roles de género al interior de una familia homoparental, por lo que se descartaron los estereotipos y características de los padres para negar o calificar su idoneidad en torno a los intereses de los hijos (Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, 2011).

En lo que respecta al caso Fornerón e hija vs Argentina, se tuvo como premisa fundamental de análisis de la vulneración del derecho del padre a dar su consentimiento para la adopción de su hija, así como el estudio del principio de verdad biológica. Así, los vínculos parentales entre el padre y su hija fueron impedidos por la madre y el Estado argentino, lo cual permitió la creación de estándares internacionales para proteger los vínculos parentales entre padres e hijos. En el caso Fornerón, se estudiaron a profundidad la influencia de los estereotipos en materia familiar, fundamentalmente el rol biológico paterno, así como factores socioeconómicos y prejuicios en contra de la paternidad (Herencia, 2019). La CIDH abordó el principio de verdad biológica en la relación parental de padre e hija, y emitió criterios ético-jurídicos, advirtiendo que el principio debe estar ajustado al interés superior del niño a los tratados internacionales en la materia, y llamó la atención al Estado argentino sobre la ineficacia de regular un régimen de visitas para el padre y su hija, imposibilitándole cumplir su derecho y deber de progenitor.

En el Ecuador han existido respuestas frente a la violencia y desigualdad social entre hombres y mujeres; así, se ha presentado propuestas de ley para reformar la Ley Orgánica Integral de Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, con el objeto de visibilizar otros tipos de violencia que son frecuentes en al interior de las familias, específicamente la violencia vicaria, la cual implica un tipo de violencia intrafamiliar basada en el género y que se configura en disputas de pareja luego o antes de la separación, expresándose en los órganos de justicia mediante contiendas legales sobre regímenes de visitas, tenencia, medidas de protección y otros procesos, en donde los hijos son utilizados para causar daño psicológico o físico a las madres.

Con fecha 8 de diciembre del 2022, la asambleísta Isabel Enríquez Jaya presentó en la Asamblea Nacional el proyecto de reforma, el mismo que estuvo calificado para ser tratado por la comisión técnica que designaran los órganos competentes de la función legislativa (Asamblea Nacional del Ecuador, 2022). Estas acciones imprimen hitos trascendentes en la lucha contra la desigualdad social marcada por los roles de género. Los debates en torno al planteamiento de estas reformas se han suscitado desde los grupos de hombres y mujeres, cada uno de ellos sobre la base de sus intereses y perspectivas, fundamentalmente quienes observan la reforma como un mecanismo para restringir los derechos de los padres de familia, y, por su parte, quienes consideran a la violencia vicaria, como un mecanismo para perpetuar el poder del hombre sobre la mujer por medio de los hijos.

Pese a los avances evidenciados en las sentencias y normas antes expuestas, aún existen limitaciones en la práctica judicial, fundamentalmente en las áreas más álgidas de la administración de justicia, constituida por los y las asesoras de jueces y juezas en materia del derecho de familia. En un reciente estudio realizado por Bernal (2023) se puede observar esta realidad; la investigadora expone que se ha evidenciado incoherencia entre el discurso de los profesionales y la teoría en torno a la violencia de género, específicamente la violencia vicaria.

En razón de lo expuesto, también han existido propuestas de reformas jurídicas al Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia del Ecuador, las cuales se han venido discutiendo en el órgano legislativo desde el año 2018. El proyecto de ley fue presentado por el asambleísta Eckenner Recalde y desde abril del 2023 se encuentra en fase de socialización. Las principales reformas giran en torno a la tenencia de los hijos, a los regímenes de visitas, alimentos. El punto más álgido ha sido el capítulo respecto a los derechos de niños, niñas y adolescentes en las relaciones de familia. Con fecha 5 de enero, el proyecto de ley ha enfrentado constantes limitaciones en razón de varias sentencias constitucionales sobre temas delicados, como el consentimiento a las relaciones sexuales entre menores de edad y la última sentencia de inconstitucionalidad de la preferencia materna en la asignación de la tenencia (Asamblea Nacional del Ecuador, 2022).

En la propuesta se prevé mecanismos para la erradicación de los roles de género en el derecho de familia, uno de ellos y quizá el más importante es la tenencia de los hijos e hijas, institución jurídica que se ajusta a los principios de igualdad y no discriminación por razones de género, y que aborda la aplicación de varios enfoques, entre estos, el género como categoría de análisis, y el principio del interés superior del niño, niña y adolescente y derecho de los hijos a ser escuchados en todo proceso judicial que los involucre, siendo, desde luego, pertinentes y eficaces dichas reformas, para el análisis de igualdad y no discriminación al interior de las familias.

Conclusiones

Se ha podido evidenciar que en el Ecuador persiste la desigualdad social basada en el género. Este fenómeno está limitando el desarrollo y acceso principalmente de las mujeres al espacio público y limita otra variedad de derechos. A su vez, esta realidad no ha sido tratada con la urgencia que amerita por parte de la función legislativa, pues hasta la fecha, pese a existir sentencias de inconstitucionalidad en las normas del derecho de familia, estándares internacionales y proyectos de ley presentados, las reformas aún no han sido atendidas. En este caso, el desafío primordial es retomar el tratamiento de las modificaciones al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, la ley para prevenir y erradicar la violencia de género y normativas conexas.

El desarrollo de la sociedad ha modificado las estructuras al interior de las familias, por lo que es necesario abordar el concepto de familia desde una visión plural y no restringida. Es urgente que la academia y los gremios de profesionales se involucren con temas de actualidad, desvinculando los prejuicios y estereotipos que puedan existir sobre el desarrollo de los derechos de las familias homoparentales y los derechos a la adopción de niños y niñas. Es necesario que se fomente la investigación en las Ciencias Sociales y en temas de familia, principalmente para evaluar los presuntos riesgos que pueden enfrentar los niños en las familias diversas, toda vez que, al ser un grupo primario de la sociedad, su decadencia o progreso dependerá de la atención y recursos que el Estado, la sociedad y los actores sociales puedan brindarle.

Alcanzar la igualdad formal y material en la práctica cotidiana implica varios desafíos, entre ellos, despojarse de todos los prejuicios, replantear la cultura imperante en nuestra comunidad y Estado, limitar el poder de los actores sociales como la religión, la cultura predominante y la legislación. Esto implica que la educación debe ser la clave en la trasformación de las estructuras sociales del Estado. Así pues, iniciar con planes formativos desde las escuelas y comunidades, constituye una tarea constante que la academia y los actores sociales deben fortalecer. Derrocar las brechas de género implica además el desafío de deconstruir los imaginarios sociales sobre los géneros y apegarse a los estándares internacionales de derechos humanos, solo así se podrá contribuir a lograr el concepto anhelado de justicia social, que permita el disfrute de los derechos de todas las personas.

Los roles asignados en razón del género, perpetúan las desigualdades socio-familiares desde el interior de los hogares, lo cual se traduce en actos de discriminación y violencia en los contextos escolares, laborales y académicos. De ahí que se vean limitados los derechos de los integrantes de las familias diversas, al persistir estructuras de poder enraizadas en los actores políticos, que no viabilizan el cambio de estructura, pues invisibilizan la realidad y, por lo tanto, contribuyen a su inexistencia aparente. Es urgente reflexionar acerca de las múltiples violencias que atraviesa la sociedad ecuatoriana, expresadas en micro violencias, violencia vicaria y otras pugnas desde sectores sociales ideológicos, que utilizan la categoría de género como plataforma política y social, en busca de intereses personales o partidarios, olvidando que el Estado se construye despojándose de dogmas y fanatismos, que son grandes males que limitan el desarrollo humano.

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